Se recuerda los crímenes cometidos por los grupos terroristas, conocidos como operativos de ‘limpieza social’
Este no es un artículo cualquiera. Esta no es una nota más sobre la cual reflexionar. Esta es una denuncia. Esto es un reclamo. Esta es una muestra de indignación frente a lo que en el mundo se conoce como delitos de odio. De acuerdo a la legislación internacional, un delito de odio es cualquier forma de violencia motivada por el prejuicio hacia una determinada religión, discapacidad física, origen étnico, grupo racial u orientación sexual. El ensañamiento, la atroz brutalidad, la maldad convertida en vejamen y violencia física o psicológica son sus principales características. Muchas veces este tipo de delitos desencadenan en la comisión de atroces asesinatos, sus perpetradores, con la complicidad o indiferencia de las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos y por la administración de justicia, se ríen del sistema, se mofan del dolor de sus víctimas y la tristeza de sus deudos, y pasean por las calles con total impunidad.
En nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del mundo como España o los Estados Unidos, no se cuenta con cifras oficiales o con instituciones u órganos públicos encargados de registrar, sistematizar y analizar profundamente las estadísticas, las razones, las causas de toda esta violencia. El racismo, el sexismo, la homofobia, parecen ser temas que siguen siendo percibidos como tópicos de menor importancia. Son problemas que afectan sólo a algunos pocos dicen muchos. Tenemos problemas más importantes que resolver, señala sin mayor rubor un importante porcentaje de nuestra población. A todos ellos les preguntaría ¿Qué cosa puede ser más importante para una sociedad que la defensa de los derechos de sus ciudadanos? ¿Qué preocupación es más importante que velar por el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, de todos los hombres y mujeres del Perú? ¿Es que el Perú se ha convertido en una sociedad tan violenta en la cual los muertos del día a día, los asesinados, los discriminados, los violentados, no son sino cifras que engrosan paulatinamente las estadística de una problemática que no se quiere enfrentar?
Son las organizaciones de derechos humanos las que a lo largo de los últimos años vienen alertando a la sociedad y al Estado peruano de esta terrible realidad. Sólo entre los años 2008 y 2009, se han registrado 126 asesinatos contra personas homosexuales, según estadísticas elaboradas por el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL). La cifra se acrecienta de manera alarmante si hacemos recuento del número de víctimas registradas durante los últimos 5 años. La cifra de 126 víctimas se convierte en el aterrador número de 249.
Según estimaciones de estas propias organizaciones las cifras no logran cubrir a la totalidad de crímenes cometidos contra este grupo minoritario. Muchas de estas agresiones, como la sufrida hace algunos días por un amigo personal víctima de esta intolerancia, cuyo nombre prefiero mantener en reserva, no son reportadas. Las ofensas, las afrentas, los insultos, las agresiones físicas, muchas veces quedan impunes, debido a la poca o nula respuesta que el sistema estatal brinda a aquellas personas que se atreven a denunciar a sus agresores. Así como en el Perú muchas violaciones contra mujeres, niños o niñas no son reportadas, en el caso de los delitos de odio contra los homosexuales, no son pocos los casos en los cuales la víctima o sus familiares, prefieren el silencio por temor a alguna represalia o por la vergüenza, que para muchos aun supone, tener a un hijo o hija, o sobrino gay o lesbiana.
La comunidad homosexual se enfrenta día a día a la intolerancia de una sociedad que sigue manteniendo patrones de conducta y esquemas mentales bajo los cuales los derechos y las libertades de algunos hombres y mujeres pueden ser violentados por el solo hecho de ser diferentes. La comunidad homosexual no solo debe lidiar día a día con la indiferencia de la autoridad a la cual recurre en busca de ayuda o auxilio. En muchos casos son los propios agentes del Estado o personal que brinda servicios de seguridad en gobiernos locales o municipales los que de manera alevosa, cobarde e insana violentan física y psicológicamente a estos ciudadanos. Según un estudio publicado por el Instituto Runa, las víctimas identifican como responsables del 31% de sus agresiones a integrantes de la Policía Nacional del Perú. Según ese mismo estudio en el 46% de los casos son los miembros del Serenazgo de Lima los que atropellan de manera sistemática los derechos de estos peruanos.
¿Cómo podemos entonces hablar de desarrollo, de democracia, de ciudadanía en el Perú cuando no somos capaces de afrontar con valentía y liderazgo la lucha contra todo tipo de discriminación y violencia contra estos peruanos y peruanas que formando parte de un grupo minoritario se encuentran en una posición de riesgo frente a la conducta casi psicópata de quienes los agreden, frente a la anuencia o complicidad malvada de las autoridades y funcionarios públicos? La homofobia, la intolerancia, la violencia desatada contra las minorías sexuales es un problema que ha venido acompañando a la historia de nuestro país y de la humanidad desde hace muchísimos años, lastimosamente es un problema que no ha querido ser aceptado como tal y mucho menos enfrentado por la sociedad y por las autoridades en el mundo.
En América Latina los periodos de dictadura militar y civil han sido tiempos terribles para la comunidad homosexual. En América Latina durante las décadas de los 70 y 80 los homosexuales fueron víctimas de una violencia reiterada y continua que muchas veces acabó con la vida de estos seres humanos. En Argentina, Chile, o Paraguay, durante la dictadura de Stroessner, tal y como se registra en el documental “Cuchillo de Palo”, de la directora Renate Costa, se registraron continuos actos de violencia y represión hacia los homosexuales. Perseguidos, violentados sexualmente, encarcelados, prohibidos de ejercer cualquier tipo de defensa, las dictaduras desataron toda su furia contra este grupo, bajo la creencia absurda y ultraconsevadora de que estos seres “anormales” no podían ser parte de ningún proyecto social, político o cultural, y que por tanto, debían de ser exterminados o borrados de su propia tierra.
En Norteamérica, el caso más famoso de crímenes de odio cometidos contra un miembro de la comunidad gay fue el asesinato de Harvey Bernard Milk, quien luego de renunciar a un importante cargo ejecutivo en Wall Street, decidió iniciar su carrera como activista homosexual. Harvey, y así se lo recuerda en la película que lleva su nombre, personaje interpretado por Sean Pen, es asesinado en 1978 por Dan White, supervisor de la ciudad de San Francisco por el sólo hecho de ser homosexual, luego de que en 1977 fuera elegido democráticamente para ocupar el cargo de miembro de la Junta de Supervisores de dicha ciudad. Tiempo después, 21 años más tarde, otro crimen volvería a estremecer a la comunidad americana. Esta vez el joven Mathew Wayne moría producto de severas lesiones en la cabeza. Matthew fue encontrado atado a un cerco de madera con la cabeza rota producto de los golpes sufridos con el mango de una pistola. Durante el juicio se logró comprobar que el asesinato había tenido un único móvil: “Mathew debía morir por ser homosexual”.
En nuestro país lo casos de crímenes de odio cometidos contra personas homosexuales no han sido pocos. Se recuerda los crímenes cometidos por los grupos terroristas contra estas personas conocidos como operativos de “limpieza social”. Basta con mencionar, tal y como lo registra el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el asesinato de 10 gays en Aucayacu (1986), 8 en Pucallpa (1988) y otras 8 personas en Tarapoto (1989).
Han pasado muchos años desde 1977, Latinoamérica es un continente que viene superando paulatinamente, unos países más que otros, los fantasmas de las dictaduras y los años de violencia política parecen haber quedado atrás, sin embargo, en nuestra región y en nuestro país este tipo de maldades se siguen sucediendo con total impunidad. Hace algún tiempo los grupos de derechos humanos denunciaban el caso de Edgar Peña, joven de 32 años, al cual un grupo de salvajes le cortaron la cara y el cuerpo con una navaja y una botella rota. Edgar tuvo que ser operado de emergencia, 180 puntos se necesitaron para cerrar sus heridas. Me pregunto si existen puntos que suturen las heridas que este tipo delitos generan en el alma y la dignidad de los seres humanos. Lo mismo parece haber ocurrido con Luis Alberto Rojas, joven de 26 años, que en febrero de 2008 habría sido insultado, violado con una vara de goma por tres policías del distrito de Casa Grande.
A este tipo de delitos se los conoce como delitos o crímenes de odio. Tal y como señalan los especialistas son los miembros de la comunidad homosexual los que sufren este tipo de agresiones en mayor medida frente a otros grupos segregados. Esta es una realidad que hasta el momento no quiere ser enfrentada. Estas son las cifras, conservadoras todas ellas, que ponen en evidencia el nivel de violencia e impunidad con la que actúan muchos de estos delincuentes. Te agredo, te insulto, te ofendo y te asesino por el solo hecho de ser homosexual. ¿Qué debe de hacer el Estado para enfrentar este problema? ¿Qué debemos de hacer los peruanos como sociedad para hacer frente a este flagelo? Lo primero como se recomienda es hacer una revisión técnica e inteligente de la legislación vigente. Se debe tipificar con claridad el delito o crimen de odio en nuestro Código Penal fijando una pena proporcional al grave daño que este tipo de conductas genera en la persona de la víctima. Pero esta medida no rendirá verdaderos frutos sino se la complementa con políticas institucionales que abarcando a todas las entidades vinculadas con el resguardo de la seguridad, el combate a la criminalidad y la administración de justicia busquen una respuesta integral a este problema. Se debe sensibilizar a las autoridades, funcionarios y agentes del orden, se debe hacerles comprender que todos los peruanos merecemos el mismo grado de respeto, que todos, absolutamente todos, somos merecedores de consideración y de un trato digno, independientemente de la orientación sexual que uno personalmente asuma.
Pero no nos engañemos, los resultados no se verán en un tiempo inmediato, todo ello debe ser visto como una política de Estado a largo plazo. Lo más difícil en estos casos es cambiar la mentalidad homofóbica e intolerante de quienes por desventura están encargados de velar por nuestros derechos. El verdadero cambio se debe dar a nivel de los niños y jóvenes, implementando campañas y programas educativos basados en valores ciudadanos como el respeto a la libertad, la promoción de la solidaridad y el amor al prójimo. Solo en el medida que todos nuestros jóvenes dejen atrás la intolerancia y los odios absurdos de sus mayores es que los peruanos estaremos en capacidad de construir una sociedad verdaderamente plural, igualitaria y democrática, en la cual todos podamos ser auténticamente libres.
Rafael Rodríguez Campos
Autor del Blog www.agoraabiertablogspot.com espacio de análisis constitucional y políticas de temas de actualidad